Políticas de apoyo a las Pyme

Partiendo de la base que las Pyme constituyen la red laboral más importante en todos los países desarrollados; que su tejido empresarial es más resistente que el de las grandes empresas en períodos de crisis; su gran flexibilidad; que es creciente su participación en la creación de empleos y valor agregado y que es vulnerable la economía nacional sustentada únicamente por grandes empresas, trataremos de considerar sus dificultades para ensayar una serie de propuestas para que los gobiernos nacional y  provinciales consideren la aplicación de las políticas de apoyo que correspondan.

Debemos analizar las causas que actúan para tener plantas Pyme con bajo índice de productividad, que salvo excepciones, están alejándolas de este mundo competitivo: retraso tecnológico; altas tasas de interés para acceder a créditos para financiar su inversión y exigencia de garantías inalcanzables; gran movilidad de este tipo de firmas que agrava el proceso de involución productiva; la total desarticulación productiva entre empresas grandes y Pyme; los rasgos característicos de los distintos emprendimientos de este tipo, que determina la necesidad de ajustar, fuera de los problemas comunes, políticas de acción diferenciadas.

  Hay que concretar estrategias y políticas que sólo el sector gobierno puede encarar, con un apoyo a las Pyme que estén dispuestas “activamente” a reconvertirse para jugar el papel que les corresponde en este proceso de internalización de la economía.

 Es decir, el Estado debe participar y actuar fundamentalmente con las PyME, dispuestas a salir de la pasividad y a invertir; pero para esto último hay que crear las condiciones propicias.

Acciones

 Fijación de objetivos provinciales de desarrollo, articulados con un plan de mediano y largo plazo. Estos objetivos de ubicación, reubicación y desarrollo de plantas, deberá tener como base la articulación sectorial; creación de redes, alrededor de emprendimientos productivos, entre las grandes empresas y las Pyme. Con contratos plurianuales entre ellas. Esto traerá confianza en el futuro e incentivará la inversión.

Estas inversiones deben ser ofrecidas por los bancos estatales (nacionales, provinciales y municipales), y por los bancos privados, alentados por el Estado, con “topes” en la fijación de intereses. Créditos blandos, con años de gracia; con una asignación de recursos para procesos de inversión racionales, para proyectos previamente aprobados, fundamentalmente orientados a provocar avances tecnológicos con la consiguiente reconversión productiva; para negocios comprobadamente realizables, hacia los mercados interno y externo. Las garantías las debe dar el Estado (a los bancos oficiales y privados) para la obtención del crédito solicitado. Independiente de las garantías propias a exigirles a las Pyme (que sean posibles de concretar), consideramos que el estudio del proyecto, origen del pedido de financiación, su seguimiento y correspondiente evaluación y auditoría, será el mejor reaseguro del crédito a otorgar.

Orientar el apoyo principalmente a los emprendimientos que aseguren la mayor utilización de materia prima y bienes intermedios de producción local y contratación de mano de obra con origen en la región de implantación de la planta.

 Priorizar las iniciativas de la Pyme dispuestas a competir, a desverticalizar y evitar la fragmentación de sus procesos de producción.

 Los acuerdos y convenios cerrados con la industria automotriz y lo logrado con las fábricas de aparatos electrónicos y electrodomésticos, indica que la capacidad concertadora se ha orientado hacia bienes de uso no afectados en forma directa a la producción y preferentemente demandados por los sectores de ingresos medios y altos. En consecuencia se pierde un objetivo esencial: incentivar la inversión en bienes de producción. Vale decir, apoyar lo que podríamos denominar “bolsones o nichos de reactivación”; en otros términos, orientar el apoyo crediticio a las Pyme autopartistas y de bienes de capital; industria de la maquinaria agrícola; insumos petroquímicos, en especial los orientados al agro; equipos y alimentos para modernizar la industria ; líneas de crédito orientadas a la construcción, ampliación y refacción de viviendas.

 Gestar un espacio público que  combine o coordine los intereses estatales con los privados, proyectando una complementación tanto a nivel nacional, como regional y local.

 Mejorar el flujo de información, permanente y asistida y la consiguiente capacitación técnica a profesionales, técnicos supervisores y operarios.

 Independientemente de la Nación, si ésta no elabora un plan de desarrollo industrial, las provincias, Córdoba en particular, en gran medida pueden anticiparse con las políticas a encarar por su sector público, en coordinación con el sector privado. Creemos que existen suficientes elementos para demostrar que estamos frente a un proceso de desindustrialización. El gobierno  de Córdoba, nuestra provincia, debe dar una contundente respuesta programada a la grave realidad que vive la industria en general y las PyME en particular. Por esta vía también encontraremos los caminos para incrementar la exportación de bienes no tradicionales y otros.      Consecuentemente, todo esto incrementará el empleo, hoy uno de los problemas más dramáticos que golpea a la sociedad en su conjunto y a los jóvenes en particular..

 Mejorar el flujo de información permanente y asistida a los sectores productivos y a las Pyme en especial. Paralelamente, como lo hemos analizado, profundizar y mejorar la capacitación técnica y empresarial que logre el marco competente a los objetivos propuestos.

 En el contexto de la concertación puede, en gran medida, estar la clave del éxito. En Córdoba se han experimentado dos vías: el del consenso político a través del Consejo de Partidos Políticos y la construcción del consenso social a través del Consejo Económico Social. Son organismos de concertación que funcionan en departamentos estancos. De lo que se trata es de fusionar una actuación conjunta que permitirá asumir los problemas en forma integral y sin autolimitaciones para encarar la problemática institucional, social y económica, Creemos que esta vía podrá generar soluciones a los problemas planteados.

 Para promover y organizar, para concretar en buena medida las distintas acciones propuestas, en particular para descentralizar la acción del gobierno en esta materia, sugerimos la creación de un ente u organismo, autónomo, a nivel ministerial, que ejecute las políticas que se dispongan. Hay recursos humanos que pueden y deben encarar la programación de políticas de apoyo a las Pyme, consensuadas con éstas, que asegure una actividad permanente y consecuente.

 Con el objeto de que el mencionado organismo sea más abarcativo y actúe con operatividad y consiguiente agilidad, desarrollar en el corto y mediano plazo, delegaciones en el interior de las Provincias, en puntos estratégicos, que concreten los objetivos trazados, vale decir: asistencia técnica; capacitación empresarial; orientación para la concreción de asistencia financiera a las Pyme y a microemprendimientos; acciones diversas para la promoción de exportaciones. Para esto último, cuantificar mercados externos, conocer e informar a los interesados sus demandas, organizar encuentros exportadores regionales y zonales, crear oficinas de ventas con personal estable que promocione los productos locales.

Comisión Directiva.

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